Qué pasó
A principios de junio, el Senado aprobó la S. 2, la Secure America Act, un proyecto de reconciliación presupuestaria para financiar la aplicación de las leyes migratorias. En ese momento todavía tenía que pasar por la Cámara de Representantes. Eso ya ocurrió. Según el historial legislativo de la ley, el Senado la consideró y la aprobó el 3 y 4 de junio de 2026, y la Cámara la aprobó el 9 de junio. El Presidente la firmó el 10 de junio de 2026. Hoy es la Ley Pública 119-98.
La ley agrega dinero además de lo que estas agencias ya reciben. Cada cantidad queda disponible hasta el 30 de septiembre de 2029. Si se suman las secciones, el total es de 69,545,000,000 dólares; de ahí viene la cifra de "70 mil millones". La oficina de presupuesto de la Casa Blanca lo describió como 38 mil millones para ICE y 26 mil millones para la Patrulla Fronteriza, más un total de 5 mil millones en asignaciones adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional.
Así lo reparte el texto. Para ICE: 31,075,000,000 dólares para la aplicación de las leyes migratorias, y 7,450,000,000 para trabajos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) distintos de la aplicación migratoria y aduanera, incluidos 108,500,000 para investigadores de explotación infantil. Para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): 13,020,000,000 para la aplicación de las leyes migratorias, 9,550,000,000 para agentes y personal de apoyo de la Patrulla Fronteriza en funciones distintas de la aplicación migratoria y aduanera, y 3,450,000,000 para tecnología fronteriza, detección de drogas y vigilancia. El Secretario de Seguridad Nacional recibe otras dos cantidades de 2,500,000,000 cada una.
A quién se refiere
Es una ley de gasto. Paga personal de ICE y CBP, transporte para operaciones de salida y deportación, tecnología de la información (incluidas cámaras corporales), instalaciones, vehículos, abogados de ICE que representan al gobierno en los procesos de deportación, y acuerdos con policías estatales y locales bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Una parte menciona a un grupo específico. Al menos 350,000,000 dólares van a ICE para órdenes de retención (detainers), traslados de custodia, monitoreo de liberaciones, transporte y arrestos de adultos que la ley llama "covered unlawful aliens", cuando se les encuentra en lugares que no son "jurisdicciones cooperantes calificadas". La ley define a esas personas con una lista: causales penales de la ley de inmigración, una orden de retención migratoria emitida después de un arresto, cargo, registro o condena (que no sea una infracción de tránsito menor), o un cargo o condena por entrada o reingreso ilegal. Una jurisdicción cooperante calificada es un gobierno estatal o local que, en la fecha en que se promulgó la ley, tenía vigente un acuerdo 287(g) o había presentado cierta certificación ante el DHS.
El texto no dice cuántas personas serán arrestadas o deportadas, qué ciudades o estados se verán afectados, ni cómo usará cada agencia el dinero en el día a día.
Lo que no significa
- No cambia la ley de inmigración en sí. El texto no crea ninguna visa nueva, no termina ningún programa existente y no cambia ningún formulario, tarifa ni regla de presentación de USCIS.
- No financia las cortes de inmigración ni a los jueces de inmigración. El dinero relacionado con las cortes en el texto es para los propios abogados de ICE, que representan al gobierno.
- Ya no está pendiente en el Congreso. El video se hizo cuando solo había votado el Senado. Es ley desde el 10 de junio de 2026.
- No significa que el caso de una persona vaya a terminar de cierta manera. Nada en el texto decide ningún caso individual.
Qué hacer con esto
Si noticias como esta le generan preguntas sobre su propia situación, hable con un abogado de inmigración con licencia o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ). Las organizaciones de abajo son un buen lugar para empezar. Advocasí ayuda a preparar la documentación cuando un asesor calificado ya ha dicho qué camino aplica.
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