Qué pasó
“Ciudad santuario” no es una categoría legal. Es una etiqueta que el gobierno federal aplica a estados, condados y ciudades cuyas leyes o políticas, en sus palabras, “obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración”. El marco viene de la Orden Ejecutiva 14287, firmada el 28 de abril de 2025. Le ordenó al Fiscal General publicar una lista de esas jurisdicciones en 30 días; le ordenó a cada agencia federal identificar fondos federales destinados a esas jurisdicciones, incluidos subsidios y contratos, para su posible suspensión o cancelación; y les ordenó al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional buscar “todos los remedios legales y medidas de aplicación necesarios” contra las jurisdicciones que permanezcan en la lista.
El Departamento de Justicia publicó esa lista el 5 de agosto de 2025 y dice que la revisa con regularidad. En su actualización del 31 de octubre de 2025 nombra 11 estados más el Distrito de Columbia, 3 condados y 18 ciudades. Oklahoma no está, y ningún condado ni ciudad de Oklahoma está. El departamento dice que cada jurisdicción en la lista “tendrá la oportunidad de responder”, y ha quitado de la lista a jurisdicciones que firmaron acuerdos de cooperación con ICE; el condado de Baltimore es el ejemplo más reciente que pudimos confirmar.
El documento más nuevo es de esta semana. El 1 de septiembre de 2026, la Oficina del Asesor Jurídico (OLC) del Departamento de Justicia emitió una opinión sobre la ley de reforma de asistencia social de 1996. Concluye que cuando un estado participa en TANF (asistencia en efectivo para familias) y en SSI, la palabra “Estado” en esa ley abarca todas las agencias que componen el estado, así que cada agencia estatal, no solo la que administra el programa, debe reportar al DHS a cualquier persona que sepa que no está legalmente presente. La opinión retira una interpretación de 1998 que limitaba ese deber a las agencias que administran el programa. El comunicado del departamento, con fecha 2 de septiembre, dice que no cumplir “puede llevar a consecuencias serias, incluida la pérdida de fondos del programa”. La opinión misma dice que aplica hacia adelante: no puede alterar de forma retroactiva los acuerdos de fondos de TANF o SSI hechos bajo la interpretación anterior.
En el Congreso, el proyecto H.R. 7640, la Ley para Cerrar las Políticas Santuario de 2026, salió del Comité Judicial de la Cámara de Representantes con votación el 5 de marzo de 2026. Su patrocinador lo describe como una ley que permitiría a gobiernos locales en estados “santuario” trabajar directamente con agencias federales y que redirigiría fondos federales para policías fuera de las jurisdicciones en la lista. Al 7 de septiembre de 2026 no encontramos registro de que el pleno de la Cámara lo haya votado. Un proyecto es una propuesta hasta que ambas cámaras lo aprueban y el Presidente lo firma.
A quién se refiere
Cada uno de estos documentos va dirigido a gobiernos: estados, condados, ciudades y sus agencias. La orden ejecutiva trata de qué jurisdicciones pierden subsidios y enfrentan demandas. La lista del DOJ nombra gobiernos, no personas. La opinión de la OLC está dirigida al Departamento de Salud y Servicios Humanos y trata de lo que las agencias estatales deben reportar si el estado recibe fondos federales de asistencia.
Lo que los documentos no dicen importa. Ninguno crea un nuevo estatus migratorio, una nueva sanción para una persona ni un nuevo formulario que presentar. La opinión de la OLC no dice qué hace el DHS con un reporte cuando lo recibe, y no cambia quién es elegible para TANF o SSI; esas reglas de elegibilidad ya excluyen a personas sin estatus legal, y lo hacen desde 1996. Y sobre los aeropuertos: los medios han reportado que el Secretario del DHS ha hablado de retirar el procesamiento de aduanas de los aeropuertos en ciudades de la lista. No encontramos ningún aviso, orden ni regla del DHS que lo diga, así que lo tratamos como conversación, no como política, hasta que exista un documento.
Lo que no significa
- No significa que Oklahoma, Tulsa u Oklahoma City sean una “jurisdicción santuario”. Ninguna aparece en la lista del Departamento de Justicia.
- No significa que se hayan cortado fondos federales en algún lugar. La orden les pide a las agencias identificar fondos para una posible suspensión; la lista por sí sola no trae una sanción automática, y las jurisdicciones pueden responder o ser retiradas.
- No significa que se haya aprobado una nueva ley. El H.R. 7640 pasó un comité. No es ley.
- No significa que se estén deteniendo vuelos internacionales en algún aeropuerto. Ningún documento de agencia lo dice.
- No significa que la opinión de la OLC cambie los beneficios o el estatus de alguien. Trata de los deberes de reporte de las agencias estatales hacia adelante, no de casos individuales.
Qué hacer con esto
Si vives en una jurisdicción de la lista, o recibes beneficios públicos y te preocupa lo que una agencia estatal pueda reportar, la pregunta útil es una pregunta legal sobre tu propia situación, y le corresponde a un abogado de inmigración con licencia o a un representante acreditado por el DOJ en una organización reconocida. Las organizaciones de abajo son un punto de partida.
Advocasí no es un bufete de abogados. Explicamos qué dice una política y ayudamos a las personas a preparar su propia documentación cuando un asesor calificado les ha dicho qué camino aplica.