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La regla de “carga pública” cambió el 18 de septiembre: qué escribieron DHS y USCIS

Una regla final del DHS, publicada el 20 de julio de 2026, derogó el reglamento de carga pública de 2022 y entró en vigor el 18 de septiembre. USCIS la acompañó con una guía nueva en su Manual de Políticas y una edición nueva del Formulario I-485. Esto es lo que dicen los documentos, qué fechas fijan y qué dejan abierto.

Oliva Mendez-McKinzie
· Cofundadora, Advocasí
24 de septiembre de 2026

Qué cambió

El 20 de julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal una regla final titulada “Public Charge Ground of Inadmissibility” (91 FR 45324). USCIS la había anunciado cuatro días antes. La regla entró en vigor el 18 de septiembre de 2026. En sus propias palabras, el DHS “deroga el reglamento de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública”, y el cambio “restituye una discreción más amplia a los oficiales del DHS para evaluar todos los hechos pertinentes”. En concreto, la regla elimina las secciones 8 CFR 212.20 a 212.23, que desde diciembre de 2022 definían “probable que en algún momento se convierta en carga pública”, enumeraban qué beneficios contaban, fijaban los factores que los oficiales debían sopesar y listaban las exenciones. También reescribe la regla de las fianzas de carga pública en 8 CFR 103.6(c).

Lo que los oficiales usan ahora es la ley y la guía de USCIS. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una persona que solicita una visa, la admisión o el ajuste de estatus es inadmisible si es “probable que en algún momento se convierta en carga pública”, y los oficiales deben considerar cinco factores: edad; salud; situación familiar; bienes, recursos y situación financiera; y educación y habilidades. También pueden considerar la Declaración Jurada de Patrocinio (Formulario I-864). El aviso de USCIS del 18 de agosto agrega que los oficiales “considerarán los cinco factores legales y cualquier otro factor relevante”, incluido haber recibido “beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, como asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos, asistencia de vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar”. La línea divisoria es la fecha: para beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS dice que considerará “todos y cada uno de los beneficios”. Para beneficios recibidos antes de esa fecha, considerará únicamente “asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos e institucionalización de largo plazo a cargo del gobierno”, que es como los trataba la regla de 2022.

Con la regla llegaron dos cosas más. El 18 de agosto, USCIS emitió la Alerta de Política PA-2026-09, que revisa “en su totalidad” la Parte G del Volumen 8 del Manual de Políticas, con vigencia desde el 18 de septiembre, y señala que la guía del Manual “es vinculante y reemplaza cualquier guía previa relacionada, incluida la Guía de Campo Provisional de 1999”. Y el 18 de septiembre, USCIS publicó una edición revisada del Formulario I-485 (fecha de edición 09/18/26) “sin periodo de gracia”: las ediciones 01/20/25 y 09/04/26 se rechazan si tienen matasellos o se envían en línea a partir del 18 de septiembre de 2026.

A quién se refiere

La sección de fechas de la propia regla dice que “aplica a las solicitudes de admisión hechas a partir del 18 de septiembre de 2026 o a las solicitudes de ajuste de estatus con matasellos o envío electrónico a partir del 18 de septiembre de 2026”. El aviso de USCIS dice que “todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten en una categoría migratoria exenta”, y publica las dos listas una junto a la otra. Entre las categorías que USCIS lista como no sujetas a carga pública están los asilados y refugiados, los no inmigrantes T y U, quienes se autopeticionan bajo VAWA, los jóvenes inmigrantes especiales, los solicitantes de Estatus de Protección Temporal y los solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano, entre otras. La regla señala que la causal “aplica a extranjeros y no a ciudadanos estadounidenses”.

Lo que los documentos no dicen importa igual. La regla no enumera qué programas cuentan como “beneficio público sujeto a comprobación de recursos”; el DHS escribe que “los oficiales no tendrán una lista de beneficios ‘excluidos’” y que “recibir beneficios públicos es solo una consideración dentro de la totalidad de las circunstancias”. No dice cuánto pesa un beneficio o un factor en particular. La nota al pie de la Alerta de Política fija el corte para los casos que ya estaban en el sistema: las solicitudes con matasellos o envío “a partir del 23 de diciembre de 2022 y antes del 18 de septiembre de 2026 se adjudican bajo el reglamento de 2022”. Ni la regla ni el aviso mencionan la naturalización ni la renovación de una Green Card existente; la causal que describen trata de visas, admisión y ajuste de estatus.

Lo que no significa

  • No significa que recibir un beneficio lleve a una negación automática. La Alerta de Política dice que “ningún factor por sí solo, salvo la falta de una Declaración Jurada de Patrocinio suficiente bajo la sección 213A de la INA (Formulario I-864 o I-864EZ), cuando se exige, puede ser la única base” de la decisión, y el aviso dice que USCIS “revisará toda la evidencia relevante en el expediente y decidirá caso por caso”.
  • No aplica hacia atrás. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 que la regla de 2022 no contaba siguen sin contar, y el DHS dice que cambió las instrucciones del Formulario I-485 para que las personas “no tengan que reportar esa recepción”.
  • No cambia las solicitudes que ya estaban presentadas. Según la nota al pie de la Alerta de Política, una solicitud con matasellos o envío anterior al 18 de septiembre de 2026 se decide bajo el reglamento de 2022.
  • No convierte una discapacidad, por sí sola, en motivo para una determinación de carga pública. El DHS eliminó la frase de 2022 que lo decía porque, en sus palabras, es “redundante repetir la prohibición ya vigente de basarse únicamente en la discapacidad de un extranjero”.

Qué hacer con esto

Si tú o alguien de tu familia tiene en mente una solicitud de residencia, o hay una que se está preparando ahora, la fecha del matasellos y la fecha de edición al pie del formulario son los dos detalles de los que dependen estos documentos. Un abogado de inmigración con licencia o un representante acreditado por el DOJ puede leer la regla y el Manual de Políticas frente a tu propio historial, incluidos los beneficios recibidos y cuándo se recibieron, y explicarte qué significa para ti. Las organizaciones de abajo son un punto de partida, y cada página de ciudad de este directorio tiene más.

Advocasí no es un bufete de abogados. Explicamos qué dice una política y ayudamos a las personas a preparar su propia documentación cuando un asesor calificado les ha dicho qué camino aplica.

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