Qué pasó
El 19 de septiembre de 2025, el presidente firmó la Proclamación 10973, “Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers” (Restricción de entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes). Según explica USCIS, las nuevas peticiones H-1B presentadas a partir de las 12:01 a. m., hora del Este, del 21 de septiembre de 2025 deben ir acompañadas de un pago adicional de $100,000 como condición para ser elegibles. La H-1B es la visa que permite a empleadores en Estados Unidos contratar a trabajadores extranjeros en “ocupaciones especializadas”. El 18 de septiembre de 2026, el presidente extendió esa proclamación por 12 meses más, hasta el 21 de septiembre de 2027.
El 30 de septiembre de 2026, el juez Haywood S. Gilliam, Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, falló en el caso Global Nurse Force v. Trump, presentado en octubre de 2025 por empleadores, escuelas y otros demandantes. El juez concluyó que los demandantes probablemente ganarán en dos reclamos: que las políticas de las agencias para cobrar el pago fueron arbitrarias y caprichosas, y que se adoptaron sin el proceso de aviso y comentario público que exige la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). La orden anula esas políticas y prohíbe a las agencias aplicarlas, tanto bajo la proclamación de 2025 como bajo su extensión de 2026, hasta que se haga la reglamentación con aviso y comentario que exige la APA y los análisis que exige la Ley de Flexibilidad Regulatoria (RFA). El juez también rechazó la petición del gobierno de suspender la orden mientras apela.
Es el segundo tribunal que actúa contra el pago. El 8 de junio de 2026, el Tribunal de Distrito de Massachusetts anuló la guía de las agencias en el caso State of California v. Mullin, y el 24 de julio de 2026 el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó la petición del gobierno de suspender esa orden. USCIS dice que DHS cumplirá la orden del tribunal mientras evalúa sus próximos pasos. La orden de California señala que, después del fallo de Massachusetts, el cobro de $100,000 ya no está en vigor.
A quién se refiere
El pago corresponde a los empleadores que presentan nuevas peticiones H-1B y, por lo tanto, afecta a los trabajadores que esos empleadores quieren contratar. Las preguntas frecuentes de USCIS dicen que la proclamación no se aplica a visas H-1B emitidas antes de que entrara en vigor ni a peticiones presentadas antes del 21 de septiembre de 2025, no cambia las tarifas de las renovaciones H-1B y no impide que quien ya tiene una visa H-1B vigente entre y salga de Estados Unidos.
La orden trata solo de las peticiones H-1B. No dice nada sobre otras categorías de visa, trámites de green card ni otros beneficios migratorios. Además, es una decisión preliminar: el tribunal fijó una audiencia de manejo del caso para el 27 de octubre de 2026 y escribió que es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos termine dando más claridad.
Lo que no significa
- No significa que todos los tribunales estén de acuerdo. La misma orden menciona que un tribunal federal en Washington, D.C. confirmó la proclamación y el cobro en el caso Chamber of Commerce v. DHS, y ese caso está en apelación.
- No significa que el pago haya desaparecido para siempre. USCIS dice que, si esta orden se levanta más adelante, DHS todavía planea cobrar el pago.
- No cancela la proclamación. La orden actúa sobre las políticas de las agencias que aplican el pago; la extensión de la proclamación hasta el 21 de septiembre de 2027 seguía publicada en el sitio de la Casa Blanca al momento de escribir esto.
- No es lo mismo que la propuesta aparte de DHS. El 25 de agosto de 2026, DHS propuso una tarifa de $103,265 para las peticiones H-1B sujetas al límite anual (cap). Es una regla propuesta, no final, y esta orden no decide sobre ella.
Qué hacer con esto
Las fechas y citas de arriba vienen de la orden del tribunal, de USCIS, de la Casa Blanca y del Federal Register, todos enlazados al principio de esta página. Cómo afecta esto a una petición o a un trabajador en particular es una pregunta para un abogado de inmigración licenciado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ), y las organizaciones de abajo son un buen lugar para empezar. Advocasí ayuda a preparar la documentación cuando un asesor calificado ha dicho qué camino aplica.
Advocasí no es un bufete de abogados. Explicamos qué dice una política y ayudamos a las personas a preparar su propia documentación cuando un asesor calificado les ha dicho qué camino aplica.